¿Deben gestionar las AMPA en las escuelas públicas el cobro a los padres de cuotas ilegales?

En noviembre de 2019, la principal federación de AMPA de Cataluña, “AFFAC” (Asociaciones de Familias Federadas de Alumnos de Cataluña) convocó una rueda de prensa para presentar un estudio que elaboraron, “La contribución económica de las familias al sistema educativo público catalán”.

Durante la exposición hablaron de unas “cuotas de copago” que se hacen pagar a las familias en la mayoría de escuelas públicas catalanas (y solo es caso general en Cataluña). Y una periodista pidió turno de palabra y preguntó:

"— Si no es obligatorio pagar estas cuotas, si no es obligatorio que las AMPA aporten, ¿por qué no hacéis un llamamiento a no hacerlo?"

La directora de la AFFAC respondió que no lo harían y fue con una declaración inquietante:

"— No sé si la solución pasa por hacer un llamamiento a las familias, no pagar y crear un estado de alarma."

Un pronunciamiento como este debería desconcertar por tres motivos primordiales. En primer lugar, dicen que alguien se podría “alarmar” si a los padres se les ocurriera no hacer estos pagos, y esto abre una sospecha de que, en realidad, sean obligatorios. En segundo lugar, las AMPA hablan de “copagos” y se debería hablar de «repagos», por el hecho que las escuelas públicas ya están pagadas con los impuestos. Finalmente, en tercer lugar, porque se encuentran prohibidos tanto los pagos obligatorios, como los pagos por recibir las enseñanzas de las actividades obligatorias durante el horario lectivo (los repagos). Y, todo esto, está perfectamente regulado en el artículo 88 de la ley orgánica de educación:

(…) en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos.

¿Y qué hay detrás del llamado “copago”? En Cataluña, desde hace más de una década, las escuelas públicas e institutos públicos implementan un sistema de cuotas obligatorias de manera generalizada. Es habitual que se refieran a estas cuotas como “cuotas de material y excursiones”, cuando en realidad es un batiburrillo que se fuerza a pagar de forma indivisible y convierte todos los pagos en obligatorios. En el revoltijo incluyen pagos que, si fueran voluntarios, serían legales (actividades voluntarias, en muchos casos la cuota del AMPA, servicios voluntarios…). Después, el concepto “material” es gasto personal de los alumnos que no entra en la gratuidad (material escolar como pueda ser lápices, bolígrafos, libretas, clasificadores, agendas, libros de texto y lectura, etc.), pero también el añadido de forma subrepticia de un sobrecoste obligatorio de gastos del colegio de impartir a los alumnos las enseñanzas ordinarias, que sí entra en la gratuidad y está prohibido hacérselo pagar a los padres (mobiliario, equipos de informática y fotocopiadoras, proyectores, pizarras, las fichas de actividades que los docentes fotocopian para los alumnos, arreglos en el edificio escolar, etc.).

Pues la complicidad de las AMPA en las irregularidades ya era vox populi y ahora, sin embargo, se arroja más luz sobre este tema. Una reciente resolución (511/2024) de la Comisión de Garantía del Derecho a la Información Pública — el máximo órgano administrativo en Cataluña que controla la transparencia — ha formalizado que las AMPA gestionan a las autoridades el cobro, a los padres, de las cuotas que transfieren a las escuelas públicas y puede deducirse que son pagos del sistema de cuotas obligatorias.

También hay otra cuestión relevante: la misma resolución se pronuncia sobre el personal privatizado docente y no docente que la administración educativa catalana contrata con las AMPA, para la realización de trabajos en las enseñanzas y gestiones durante el horario lectivo.

A propósito del sueldo de estos trabajadores, poca duda hay que están siendo pagados con las cuotas de los padres: el estudio en cuestión de la misma AFFAC, “La contribución económica de las familias al sistema educativo público catalán” ya lo reconocía. Y, ante la Comisión, «Educació» no ha negado que esté sucediendo. La AFFAC detalló el caso general de las escuelas públicas que, con las cuotas del AMPA y durante la jornada lectiva, hacen pagar a los padres por maestros privados, profesionales de idiomas, técnicos de educación infantil, personal de apoyo a las necesidades especiales, bibliotecarios, informáticos, etc.

Ante la controversia del personal privatizado, la Comisión ha decidido que estas contrataciones se consideran información pública. A razón que estos trabajadores privatizados (sic) “contribuyen al ejercicio de funciones públicas o potestades administrativas, ya que prestan un servicio público”. La decisión ha cuestionado jurídicamente la negativa de Educación a detallar las contrataciones, arguyendo (en síntesis), “son trabajadores de una entidad privada, en este caso las AMPA”. Y, por este motivo — así lo defendían y se ha visto que erróneamente — la información quedaba fuera del ámbito de la ley de transparencia.

Es decir, en resumen, «Educació» privatiza gestiones con las AMPA. Como puede ser el cobro a los padres de cuotas ilegales y la contratación de personal privatizado en las escuelas públicas.

«Educació» resolvió entregar la información, pero después la ocultó

Hace un año, MFG (padre de un estudiante de primaria en una escuela pública de Terrassa) solicitó a «Educació» el detalle de las transferencias entre los años 2019 y 2023 que las AMPA hicieron en favor de las escuelas públicas de Terrassa. Todo ello desglosado por año, centro escolar y conceptos. Como también el personal privado docente y no docente contratado a las AMPA en el mismo periodo.

A continuación, las autoridades disponían del plazo de un mes para resolver, pero acordaron una prórroga de quince días, motivada en que se trataba de un “gran volumen de información”. Al final, aunque «Educació» resolvió la estimación de la mayoría de pretensiones del padre, solo proporcionó datos aislados de una única escuela. Y no solo eso: decidió inadmitir la entrega del detalle del personal privatizado con las AMPA, aduciendo (en resumen), “es personal de las AMPA, son entidades privadas y eso no está sujeto al régimen de transparencia”.

Estas conductas alertaron al padre. Había acompañado la solicitud con pruebas e indicios apuntando a un caso general, le dijeron que había un “un gran volumen de información” y, ¿cómo podia ser que le detallasen solo un caso aislado…?

Además, se añadió otro hecho. La resolución encuadró el tema en las llamadas “donaciones de las AMPA”, y este no era en absoluto el enfoque de la solicitud: el padre pidió el detalle sobre todas las transferencias que las AMPA realizan hacia las escuelas.

Al final, una vez el padre comprobó que las autoridades en realidad habían decidido ocultar la casi totalidad de la documentación que solicitó, en agosto de 2023 decidió impugnar el caso ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública.

La Comisión ordena entregar la información que ocultó, pero «Educació» incumple la resolución y no entrega nada

Con la resolución del órgano que controla la transparencia — que debería haberse tramitado en dos meses y de forma anómala se demoró ocho meses —, era de esperar que «Educació» fuese a entregar la información al padre, pero eso no es lo que ha pasado.

De hecho, las autoridades han vuelto a reiterar la conducta que ya tuvieron en primera instancia: en segunda instancia, han vuelto a solicitar una prórroga. De nuevo, con la misma motivación, “el gran volumen y complejidad de la información solicitada"…

Así y todo, el padre no se había opuesto a la enésima prórroga, pero, con el escrito de alegaciones que la Comisión le requirió, manifestó su perplejidad por la situación. Y, después de todo, al final «Educació» ha acabado incumpliendo la resolución de la Comisión, que le ha requerido el cumplimiento e incluso ha hecho público el incumplimiento en su web.

Entonces, entre el plazo inicial y la prórroga en primera instancia, la tramitación en segunda instancia de la reclamación con la Comisión, y una resolución en contra, «Educació» ya ha conseguido huír impunemente durante más de un año de sus obligaciones legales con la transparencia.

Se abre una sospecha razonable: a las autoridades les parece interesar el mantenimiento de una opacidad sobre las complicidades en actuaciones que puedan considerarse irregulares. Muy en concreto, el caso de las AMPA y la colaboración en la materialización del cobro a los padres de cuotas ilegales.

No obstante, también pone sobre la mesa una clara ineficacia de los órganos de control de la transparencia: no están haciendo todo lo posible por obligar a las administraciones a cumplir con sus obligaciones. De esta manera, los diferentes responsables públicos actúan con una impunidad de facto, cuando cometen ilegalidades y esto sí se esta transparentando.

¿A qué viene tanto vicio por mantener la opacidad sobre las evidencias de un caso general de cuotas ilegales en las escuelas públicas? ¿Será un temor a que el acceso a la información pueda abrir ojos y lleve a los padres a cuestionar la situación y pedir el control judicial?

Saben que podría acabar con las cuotas ilegales y la opacidad. A la par, se jactan de una presunción de impunidad a causa de la inacción de los particulares y hay varias razones para que esto esté pasando. No hay paraguas ni fuerza, y el camino del recurso judicial contencioso administrativo en solitario tiene apariencia de una difícil odisea. En parte, en ciertos casos pasa por el miedo a las represalias (ante una negativa a satisfacer los pagos ilegales), o la falta de medios económicos para costear los honorarios de un abogado. O por el tiempo y los esfuerzos que supondría litigar contra el estado. Y los riesgos de la contienda, como puede ser la temida injusticia de las condenas en costas casi automáticas, en caso de perder (después de varias reformas del poder judicial que el Congreso de los Diputados no tiene ninguna voluntad de derogar).

La situación que se encuentran los padres con las cuotas obligatorias

Visto lo visto, todo sumado, los padres se encuentran desamparados y con la soledad ante la tormenta privatizadora. Las juntas directivas en las AMPA, en lugar de dedicar los esfuerzos en acompañar y apoyar a los socios por el bien de los alumnos — como les indican los estatutos y el mandato —, colaboran con las autoridades en el mantenimiento y profundización de los recortes, con la gestión del cobro de las cuotas ilegales.

Así pues, la «Generalitat» envía un aviso a navegantes para los padres y la sociedad en general. El desmontaje de la educación pública y los abusos, como por ejemplo la exigencia de cuotas ilegales, lo deciden ellos mismos y no están obligados a hacerlo. Más bien lo contrario: están obligados a no hacerlo. En cambio, lo presentan como «David contra Goliat», con el apoyo transversal político y social: ha de ser una cosa “muy difícil” de evitar — hasta las AMPA le dan apoyo y no puede ser casualidad que la misma «Generalitat» y una mayoría de sindicatos, partidos y prensa se refieran a estas entidades como “la voz de todas las familias” —.

Es el «elefante en la habitación», o cómo con esta narrativa omnipresente los responsables y sus cómplices desvían la atención de la legalidad. Ya que, de momento, la Constitución y la ley orgánica de educación prohíben las cuotas obligatorias y los repagos de los padres en las escuelas públicas.

Así, en la práctica, para materializar las arbitrariedades y disfrutar de una impunidad material necesitan la complicidad de los funcionarios y las AMPA y a los padres cabizbajos. Se trata de evitar un cuestionamiento y el control judicial y desenfocar el asunto, como si no se tratase de un tema legal. Sin obviar el fondo de estiercolero y miseria moral: las direcciones de las escuelas públicas hacen (en la práctica exigen) pagar cuotas ilegales a los padres, no se plantan ante los recortes y los impagos y no reclaman la financiación pública suficiente, a quien tiene la obligación de darla (la consejería de educación). Eso, con la tolerancia (por lo menos…) de la Inspección Educativa y complicidad de las AMPA — y los sindicatos educativos y los partidos políticos parlamentarios y extraparlamentarios… —.

Y, en conjunto, es una cuestión que está pasando en paralelo a un engorde de la privatización con los conciertos educativos, las fundaciones satélite y otros intereses. A un nivel distópico, en comparación con cualquiera de las otras comunidades autónomas, con las consecuencias de una profundización de la desigualdad y la segregación social.

En conclusión, en este rompecabezas de abusos y arbitrariedades de las privatizaciones, la opacidad y desinformación parecen una pieza que, sin duda, los responsables consideran útil para el desmantelamiento de la educación pública. Se trata de “convidar” a los padres a olvidarse del tema, aunque sea con la desidia y condena al laberinto burocrático…