? Prem aquí.
El refranero es siempre una fuente de sabiduría y una herramienta inefable para describir realidades. Un ejemplo de ello es la expresión «le dijo la sartén al cazo: ¡aparta que me tiznas!», la cual es una metáfora para aquellos que, ante unas problemáticas en las que han cooperado a generar, se señalan los unos a los otros y se evaden de asumir las responsabilidades en el desbarajuste. También, los ingleses tienen la expresión «el elefante en la habitación», para referirse a cuestiones que todos ven, pero se niegan a discutirlas. Si hubiera un elefante en medio de una habitación, sería imposible no ver aquellas orejas grandes y largas, la piel rugosa y la trompa.
En este sentido, querría compartir una crítica sin renunciar a la realidad de los hechos públicos, sobre las conductas y complicidades de demasiados docentes públicos, ante el declive manifiesto del sistema educativo público en Cataluña.
En los últimos años, en especial a partir de los recortes más duros de los servicios públicos (en comparación con todas las demás comunidades autónomas), se ha profundizado y acelerado un declive de la enseñanza que, en un contexto de privatizaciones, se cocinaba a fuego lento en una olla a presión. A propósito del contexto, en el libro «La privatización como estrategia en el Reino Unido, los Estados Unidos, y más allá» («Privatization as a Strategy in the United Kingdom, United States, and beyond», 2011), Brian J. Glenn planteaba cómo la erosión progresiva y deliberada de los servicios públicos se ha convertido en una agenda en un inicio impopular con la cual, los gobernantes, intentan ganar conciencias y puntos políticos a favor de la provisión privada de servicios públicos extremadamente populares para la ciudadanía en general. Y la Educación Pública no escapa a este fenómeno, con rasgos autóctonos catalanes, sin embargo. Como puede ser la anomalía de la implementación masiva de la privatización subvencionada con los fondos públicos de los conciertos educativos y el modelo fraudulento extendido de cuotas obligatorias, también en las escuelas públicas — tratado en el artículo El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a la Generalitat por un sistema de cuotas obligatorias en la escuela pública —.
Otro efecto en el hilo es el hundimiento escandaloso en Cataluña del rendimiento académico y de la excelencia que se ha reflejado en las pruebas internacionales PISA, a la cola de las comunidades autónomas y de la Unión Europea.
Cómo se ha llegado hasta aquí no es cosa sencilla de analizar, pero es evidente que el sistema público no es solo un concepto y un cuerpo normativo: se concreta en unas instituciones y estructuras burocráticas gestionadas por personas en cargos políticos y designadas para la función pública. Desde quien ocupa la silla en Vía Augusta de la Consejería, hasta el docente impartiendo las enseñanzas a pie de aula. Por lo tanto, a las problemáticas se ha llegado con cooperación de todos los niveles; claro, con diferentes grados de responsabilidad. Y esta es la realidad, indefectiblemente: por las órdenes superiores o la falta de éstas, el permiso y tolerancia de la Inspección Educativa y los marcos arbitrarios en las gestiones públicas que superan de facto la legalidad.
El plebiscito, la crisis de un sector mayoritario del colectivo docente, la legalidad y la quiebra del contrato social.
Con el desastre sobre la mesa en el que son jueces y parte los funcionarios públicos en todos los niveles administrativos, una mayoría mediática del colectivo docente informa a la sociedad de que, sin decisiones gubernamentales y del Parlamento que acepten sus reclamaciones, no habrá nada que hacer: la enseñanza pública se continuará encaminando hacia el precipicio y solo se podrán arreglar las cosas el Día del Juicio Final. O sea, las funciones y finalidades adulteradas en cada escuela e instituto por un desmontaje de la instrucción, a pesar de que sean decisiones formalmente autónomas de cada claustro, no las habrían tomado los directores con los claustros… Habría sido, insinúan (o afirman), bajo coacción de la Inspección Educativa con la pistola en la cabeza, y por la falta de implicación de los padres. Y un grueso de la situación se explicaría por estar mal pagados y una negativa del gobierno a incrementar el presupuesto público de educación, condenando así a los alumnos al fracaso in aeternum; por los proyectos educativos que no han acordado en los mismos claustros y consejos escolares — supongo que no hace falta mencionar la carga sarcástica de mi exposición, pero ya lo he dicho —.
Una vez establecida esta narrativa omnipresente, cualquier crítica y alternativa, por virtud que pueda tener, habrá de ser anatema: es el plebiscito «con nosotros, o en contra de los docentes y la mejora educativa y la educación pública». Pero el plan, como no tiene fisuras, debía tener margen de mejora. Así que después del ciclo de huelgas de los últimos años, un sector significativo del profesorado frustrado porque la Consejería de Educación no transige a sus concretas reclamaciones laborales, ha decidido no sacrificar más días de sueldo y no volver a la huelga (al menos, la legal). No había ninguna otra acción que saliera gratis para la mejora, a excepción de implementar en más de mil trescientos claustros de las cuatro provincias de Cataluña una inmolación por el “bien” de los alumnos: en la sala de cuidados intensivos en la que está el sistema educativo público, mientras se debate entre la vida y la muerte, le han inyectado huelgas de celo de emergencia educativa. Es decir, “como medida de presión, hacer solo lo que la legalidad nos obliga y prescindir de funciones y prestaciones discrecionales”. Por ejemplo, acabar con las excursiones, elaborar un único informe de evaluación al final de cada curso, una sesión de tutoría por familia y curso; entre otros sacrificios en el altar por la “salvación” de la escuela pública…
¿Si los gobernantes no pagan, en parte, gastos de los centros que la Ley les obliga y los deja en números rojos? Los claustros con las direcciones se unen a la “causa”: ¿por qué no bordear el soborno con el sistema de cuotas obligatorias ilegales que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha decidido su absoluta ilegalidad, si es para “evitar” una enseñanza precaria a los alumnos. Como son funcionarios públicos, no están obligados a impartir la legalidad o a cumplirla… El Boletín Oficial del Estado con el artículo 7.2 del Real Decreto 17/1977 — el cual regula la prohibición taxativa de la modalidad de protesta de las huelgas de celo o cualquier alteración colectiva del régimen de trabajo diferente a la huelga —, “no es de aplicación”, si cierta mayoría, adulta y con plenas facultades, acuerda coaccionar de esta manera a la Consejería de Educación, para que acepte a la fuerza unas reclamaciones laborales.
Y en nombre de los que son la razón de la existencia del oficio y el puesto de trabajo en las aulas — los alumnos —, los que reclaman “el retorno de la democracia a los centros” — nunca la ha habido: partiendo de regulaciones antidemocráticas, cada iteración de la ley orgánica de educación ha tendido a la profundización del autoritarismo y marcos normativos cada vez más arbitrarios —, Torquemada condena a cada familia y alumno que se queje con el ostracismo social. — Solo os preocupan las colonias, no la calidad educativa por la que luchamos, vociferarán ofendidos muchos docentes, repitiendo el argumentario enlatado — si hay algo más terrible de intuir, es que la coordinación no sea por existir un guión… —. A la vez, no escatimarán esfuerzos en abrazar y cooptar cualquier intento organizado de alumnos y padres de cuestionar de manera compartimentada los agravios colaterales a las acciones de protesta de los docentes y conseguir ante la opinión pública “todo el apoyo de las familias”.
Alternativas
Es evidente que la situación en la cual está la enseñanza no tiene vías de superación sencillas y fáciles, si el gobierno la gestiona mal por las privatizaciones y otras cuestiones. Pero también buena parte de los que la tienen que concretar cooperan con acciones o la pasividad (también es una forma de actuar), en el sentido opuesto a recuperar las funciones y fines de la Institución Pública.
No son buenas noticias las que se deducen del contexto contemporáneo, a causa del hecho de que la crisis moral y funcional que arraiga y ha arraigado ya en un número importante de los docentes, no tiene una reparación posible en la inmediatez.
Sin embargo, la Inspección Educativa es una pieza fundamental del rompecabezas y su pasividad es clave en el mal funcionamiento del sistema educativo. Por este motivo, sin tener que cambiar las leyes, a pesar de los defectos y limitaciones y coberturas a malas gestiones legales, son suficientes para que su aplicación, en lugar de la infracción, comportara una mejora significativa de la enseñanza y las condiciones materiales. La mayoría de los marcos normativos más nocivos no son obligatorios: los claustros los aplican a discreción y los inspectores toleran los efectos. Pero con la misma regla podrían perfectamente acordar medidas beneficiosas para los alumnos y los inspectores no se opondrían — la pasividad es en todos los sentidos de las actuaciones posibles —.
Por otra parte, los consejos escolares son uno de los máximos órganos de gobierno en los centros escolares y es a través de éstos que se concreta el Derecho Fundamental (artículo 27.7 de la Constitución española) de los mismos docentes y también los padres, de la fiscalización y participación con voz y voto en la gestión: «los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y en la gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca». Ahora bien, la renuncia de docentes y familias que podrían ser un dique contra las malas gestiones a asumir la elección como cargos en los consejos escolares, llena de gozo al gobierno y a los funcionales y serviles a las agendas que derrumban la Institución.
En conclusión, en esta y cualquier coyuntura, si de lo que se trata es de una salida beneficiosa para el alumnado, cualquier alternativa debería ser la organización y acción democrática, la apertura de un debate público con virtud y la comunicación pública veraz y objetiva. Y, en paralelo, la exploración de vías de impugnación, para obligar a la Generalitat, caso a caso, a la revisión de actuaciones que justifiquen determinadas malas gestiones y no se ajusten a los procedimientos legales, para que las tengan que reparar. O que sean los Tribunales de Justicia quienes reciban el encargo de la revisión y ordenen reparaciones, si las autoridades educativas se negaran.